Por el convenio Tamayo-Edesal, el presidente del Concejo Deliberante recurrió al Superior Tribunal de Justicia
Un día después que el concejal Guillermo Araujo (Avanzar) pidió el juicio político al intendente, se conoció una presentación de su par Carlos Ponce ante la Justicia.
A medida que pasan los días crecen las dudas y sospechas alrededor del acuerdo. A partir de la firma del intendente Sergio Tamayo, la Municipalidad de San Luis pasó de ser acreedora a tener una deuda de $25 millones con Edesal, que asumió el cobro de tasas y servicios.
La novedad de la jornada es que el presidente del Concejo Deliberante Carlos Ponce, junto a sus pares del bloque San Luis Somos Todos, pidieron al Superior Tribunal de Justicia que se les de intervención con “habilitación de día y hora” en la causa “Municipalidad de la ciudad de San Luis c/Edesal S.A. –Acción declarativa de certeza”, que frenó a la empresa y no pudo recategorizar a la comuna como “gran consumidor”.
De esa instancia surgió que el municipio tenía a su favor $ 64 millones. En septiembre de este año, el intendente Tamayo renegoció y terminó en un paquete a favor de la empresa.
Ponce fundamentó la solicitud de intervención en la causa en que se “podrían estar comprometiendo fondos de los vecinos y contribuyentes de nuestra ciudad, generando un perjuicio grave a los mismos, conforme será señalado”, dice la presentación.
Ayer el concejal Guillermo Araujo pidió abrir el proceso de juicio político al intendente acusándolo de “mal desempeño en sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes y eventualmente comisión de delitos comunes” porque no se ajustó al “procedimiento administrativo correcto” y debió ser autorizado por el Concejo Deliberante.
En la presentación que hizo el presidente del Concejo junto a María José Domínguez y Germán Ponce entienden que es “sumamente necesario tomar conocimiento del acto homologatorio correspondiente (acordada del Superior Tribunal), en caso de existir, que justifique la decisión del Poder Ejecutivo Municipal de implementar esta modalidad de cobro, de acuerdo a los procedimientos administrativos establecidos por la Constitución provincial, Carta Orgánica Municipal, y demás normativa vigente”.
En ese marco pidieron “tomar conocimiento del estado judicial del convenio mencionado, máxime teniendo en cuenta el posible tratamiento que debería cursarse al pretendido convenio por parte del Concejo Deliberante, el cual se podía estar viendo evadido”.
El acuerdo suscripto el 18 de septiembre llegó a la Legislatura después de aprobarse un pedido de informes. Según el texto, la comuna le pagará por la gestión de cobro de las tasas y servicios, a través de la boleta de la luz, el 8% más IVA de la recaudación. Y la deuda, ahora reconocida, será saldada en cuotas mensuales hasta completar los $25 millones.